El grupo Anonymous se está organizando para poner en marcha la operación BlackOut hoy, 3 de Enero, la cual se opone a la Ley SOPA. Este grupo de hackers hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses para oponerse a esta Ley.
Grandes compañías de Internet se oponen a la Ley SOPA, pero no por esto el gobierno de Estados Unidos se ha detenido para poner en marcha nueva legislación, a la cual muchos se oponen y uno de ellos es el grupo de hackers Anonymous.
Anonymous ha llamado a la comunidad estadounidense por medio de su cuenta de Twitter ha apoyarlos con la operación #OpBlackout, así como también lanzó un video en YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pbEPQ2JvtgA&feature=player_embedded
para explicar los daños que causará la Ley SOPA( http://es.wikipedia….line_Piracy_Act)y sobre todo la violación de los derechos de los ciudadanos y usuarios de Internet en Estados Unidos.
Compañías que están en contra de esta ley :
AOL
Creative Commons
Facebook
Twitter
Google
Mozilla
LinkedIn
eBay
Zynga
Yahoo
Compañías que están a favor de esta ley son :
Adobe
Apple
Autodesk
AVEVA
AVG
Bentley Systems
CA
Cadence Design Systems
CNC Software — Mastercam
Compuware
Corel
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
Dell
Intel
Intuit
Kaspersky
McAfee
Microsoft
Minitab
Progress Software
PTC
Quark
Quest
Rosetta Stone
Siemens PLM Software, Inc.
Sybase
Symantec
TechSmith
The MathWorks
La ley SOPA propuesta por Estados Unidos se ha comparado en varias ocasiones con la conocida ‘Ley Sinde'(1). Se trata de una norma pensada para luchar contra la piratería. Esta ley amplía los poderes de acción para evitar el intercambio de este tipo de contenidos y en la Red se ha denunciado que se trata de una forma de censura y ya se han iniciado distintas campañas en contra de SOPA.
La última iniciativa ha sido creada por los ‘hacktivistas’ de Anonymous. Anonymous está movilizando a los usuarios para llevar a cabo una protesta generalizada contra Estados Unidos el próximo 3 de enero. La iniciativa se ha denominado Operación BlackOut y se ha asegurado que es «un llamamiento a los ciudadanos para protestar» por la ley. Desde Anonymous han asegurado que la ley «tira a la basura derechos que los ciudadanos pensaban que tenían, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información y la libertad a protestar».
Anonymous ha animado a los internautas a participar en la protesta para mostrar su descontento con la posible aprobación de la ley. Los ‘hacktivistas’ han invitado a usuarios a sustituir la imagen principal de las páginas web por un mensaje de protesta contra la ley.
Además, según el portal Fayerwayer, Anonymous espera que se realicen manifestaciones públicas en Estados Unidos en contra de la ley. Estas manifestaciones se coordinarán a través del grupo Occupy, creado por los ‘indiganados’ de Estados Unidos.
Por el momento no se sabe si además de estas iniciativas los ‘hacktivistas’ intentarán lanzar algún ataque contra los sistemas oficiales de Estados Unidos o contra infraestructuras críticas del país.
Anonymous ha finalizado su comunicado, publicado en YouTube, asegurando que «ha llegado el momento de derrocar a otro régimen militar corrupto» en referencia a Estados Unidos.
(1) Ley Sinde…………¿En que consiste la Ley Sinde?
Hasta ahora, el procedimiento para perseguir los delitos relacionados con la propiedad intelectual consistía en denunciar una página al juzgado y esperar a que el magistrado emitiera una sentencia condenatoria ajustada a derecho. Esto representa lo habitual y deseable en cualquier estado de derecho regido por el imperio de la ley. Sin embargo, los jueces han sentenciado muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales y que no vulneran ningún mandamiento legal referido a los derechos de autor. Sus enlaces son meros datos que indican donde encontrar una obra pero ellos mismos no la contienen ni suponen difusión pública de dicha obra. Tras unos 40 casos de denuncias fallidas por parte de las asociaciones pro-derechos de autor, y viendo que el poder judicial da la razón a los internautas, decidieron presionar al gobierno para sortear a los jueces y diseñar una nueva estrategia que les permita cerrar páginas a su libre albedrío sin contar más que con su propia decisión arbitraria. Básicamente se trata de eliminar al árbitro del partido porque no gusta como pita y colocar otro que sea afín a los intereses de una parte, en este caso la industria cultural.
¿Qué peligros oculta la Ley Sinde?
Visto el desarrollo de la normativa, parece hasta razonable, puesto que al final será el poder judicial, en la figura de la Audiencia Nacional, quien decida si se cierra o no la página inculpada. Y, además, la comisión posee una configuración que en teoría también satisface los intereses equitativos de las partes porque contará con 3 personas que lucharan en igualdad de condiciones. Incluso si llega el caso de cerrar en falso una web, se puede recurrir por lo judicial para conseguir que reabran la página y hacer pagar las costas a los responsables, es decir, al estado mismo.
Sin embargo, la ley esconde una realidad bien distante de la pretendida equidad y nos sumerge en una suerte de democracia disminuida donde los derechos fundamentales quedan pendientes de un hilo y soterrados bajo la perspectiva de una aplicación torticera e interesada de la ley.
Para empezar, la tutela judicial efectiva queda en suspenso porque la Audiencia no se va a pronunciar sobre la legitimidad de la página con respeto a los contenidos, sino que se centran en dictaminar si el cierre o eliminación parcial de los enlaces supone una lesión a los derechos fundamentales del propietario. Por ejemplo, la Comisión acusa a la página Neoteo de infringir los derechos de autor porque contiene enlaces hacia música protegida. Entonces la Audiencia analiza si quitando esos enlaces se anulan los derechos fundamentales a la libertad de expresión del dueño de la página. Si no lo hacen(que será lo más habitual), entonces el juez, aunque en el fondo sepa que los enlaces no son constitutivos de delito, tampoco sucede nada si los eliminan, porque no perturban la libertad de expresión. Por tanto, la página puede ser bloqueada por la Comisión con total tranquilidad. Luego vendrán las apelaciones para comprobar si en verdad atentaba o no contra los derechos de autor.
¿Cuáles son las claves de la Ley Sinde?
• La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. Estará compuesta por un representante de Cultura, por un representante de los usuarios y por un juez de “reconocido prestigio”.
• Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que, a criterio arbitrario de propia comisión, violan la propiedad intelectual.
• Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de 4 días sobre el cierre.
• En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: «La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial».
• Una vez cerrada la página, el dueño de la misma podrá interponer recurso para que un juez decida si merece el cierre o, por el contrario, ha sido una acción temeraria por parte de la Comisión.
Para seguir, el hecho de que la Comisión esté formada también por un representante de los usuarios o internautas no garantiza su equidad en la elección, puesto que es el propio gobierno, parte interesada en este tema, el que decidirá quién debe ocupar esta plaza. Es seguro que elegirán un miembro que coincida con su parecer y no actúe a conveniencia real de los internautas. Lo mismo sucede con el juez de “reconocido prestigio” que deberá ser alguien retirado o en servicios especiales, y que, por supuesto, también será elegido por el mismo gobierno que promueve esta ley.
Y para terminar, si te cierran una página, podrás recurrir, pero pasarán años antes de que puedas recuperarla, y aunque al final las costas las paga el que pierde, hay que tener en cuenta que serán satisfechas por el estado, no por la SGAE como venía siendo hasta ahora. En otras palabras, que quien pagará los errores del lobby de derechos de autor seremos todos nosotros. Y como el dinero del estado no duele, las denuncias serán constantes y temerarias, por no costarles nada esta acción, que obtendrá beneficios rápidos a sus intereses y ningún coste añadido. Jugada perfecta.
¿Qué futuro tiene esta Ley Sinde?
Aunque el gobierno asegura, por activa y por pasiva, que con esta ley sólo pretenden acabar con la piratería y que se centrarán exclusivamente en las webs de enlaces, no se debe dejar la puerta abierta a un mal uso de la legislación. Cualquier blog que contenga un enlace que pudiera ser considerado protegido, puede acabar en el ostracismo absoluto gracias al exceso de celo de la Comisión Cultural. Ya no se necesita argumentar ánimo de lucro. En el nuevo texto se manejan ideas tan subjetivas como el ánimo de lucro indirecto o la intención de causar un daño patrimonial, ambas cosas de muy difícil demostración ante un jurado pero que la Comisión no tendrá ningún reparo en aplicar vistos los beneficios que le reportará y el nulo coste económico que le supondrá.
El gobierno retuerce la legislación a su antojo y sienta otro peligroso precedente (ya lo hizo con la Ley de Violencia de Género) donde se traslada la carga de la prueba al denunciado, cosa completamente contraria a los más sagrados fundamentos de derecho y de la constitución. Los dirigentes juran y perjuran que no tienen intención de extender sus denuncias a otro sitio que no sean las páginas de enlaces pero un gobierno responsable que sostiene una democracia basada en el imperio de la ley no puede presumir la buena fe institucional y debe acotar suficientemente los límites legislativos para impedir que se puedan generar situaciones de desamparo jurídico derivadas directamente de las instituciones, quizá la más abyecta de las injusticias.
Fuentes:
http://www.neoteo.com
http://www.boe.es/bo…A-2011-4117.pdf
http://www.europapress.es